LORENA PARDO
CASTELLÓN. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado
por un delito de prevaricación a un año y medio de cárcel y a ocho de
inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público al alcalde
popular del Ayuntamiento de Villarreal, Manuel Vilanova. La sentencia, contra la
que sólo cabe recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, condena también
al gerente de la empresa cerámica Rocersa, Pedro Tomás Llop, a dos años de
prisión como autor de un delito medioambiental y veinticuatro meses de multa.
Ambos habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de Castellón.
El origen de los hechos se remonta a 1991, cuando la familia
Capella Flich elevó reiteradamente sus quejas al Ayuntamiento por los ruidos que
provenían del recién instalada central de cogeneración de Rocersa, a escasos 650
metros de la vivienda. La sentencia mantiene que la firma obtuvo licencia en el
registro industrial de la Consejería de Industria, pero que no llevó a cabo las
correcciones acústicas que condicionaban el permiso. Cinco años después de la
instalacción de la empresa, ante la pasividad del Ayuntamiento y la
imposibilidad de conciliar el sueño, la familia afectada tuvo que abandonar su
vivienda.
El alcalde de Villarreal aseguró ayer que acudirá al Constitucional
«porque quiere defender su honor y su nombre», aunque no podrá seguir en el
cargo como consecuencia de la condena. Esta sentencia representa un hachazo a
uno de los pilares fundamentales del PP en Castellón y, según el presidente
provincial del partido, Carlos Fabra, les «obligará a prescindir en las próximas
elecciones municipales de una figura clave como es Manuel Vilanova». Fabra
aseguró que respeta pero no comparte una sentencia que el Supremo ha resuelto,
dijo, en tiempo récord.
Por su parte, el portavoz del PSOE en Villarreal, José Benlloch,
pidió públicamente que se acate la resolución -«que marcará un antes y un
después en la vida política»- y que se aplique el código ético del PP «como
pregona Rajoy». El líder del PSOE, partido que cuenta con 6 concejales en el
consistorio de Villarreal, teme que esta decisión y los continuos
enfrentamientos entre el alcalde y el jefe de la policía municipal dañen la
imagen del municipio, aunque aseguró que «lo fuerte es que quien tenga que pedir
la dimisión a Vilanova sea el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, que
está imputado en otro proceso judicial».
De momento, todo apunta que el alcalde de Villarreal presente el
próximo lunes su dimisión, antes del pleno ordinario previsto para la tarde del
27, y a que Ramón Tomás asuma las funciones de primer edil. En el grupo
municipal entrará como número 12 de la lista electoral del PP Julio García
Robles.
Por su parte, la familia Flich Capella ofrecerá mañana una rueda de
prensa para valorar la decisión del alto Tribunal. La defensa de Vilanova
siempre acusó de electoralistas las denuncias pues Concepción Capella es
familiar directa de uno dirigente socialista en Villarreal.
