granada.
Un inspector de Medio Ambiente, acompañado de miembros de la patrulla
Verde de la Policía Local, podrá clausurar en el momento los bares que
excedan los niveles de ruidos permitidos. Estará en servicio sólo
durante las noches de los viernes y los sábados, pero su trabajo
permitirá a los vecinos que a partir del próximo 15 de octubre
denuncien ante la Policía Local establecimientos ruidosos que su
reclamación sea registrada, comprobada ipso facto y, si se confirma que
excede los niveles de contaminación acústica por encima de seis
decibelios, se le imponga al propietario del pub la sanción
administrativa correspondiente en el acto, sin necesidad de tramitar un
expediente administrativo. La iniciativa responde a una campaña
llevada a cabo por el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Granada con la que pretende endurecer las medidas contra los bares que
incumplen la ordenanza de ruidos. Sin embargo, la orden de clausura
dependerá de los criterios del inspector. Así, según explicó el
concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Mérida, los establecimientos
se cerrarán cuando rebasen la emisión de sonido muy por encima de lo
permitido. En este sentido, la normativa municipal establece una multa
mínima de 6.000 euros para los recintos que superan en seis decibelios
el ruido permitido para esa actividad. El cierre del pub se lleva a
cabo cuando el nivel de contaminación acústica es muy superior a esa
estimación y conlleva una sanción económica de hasta 60.000 euros,
según especificó Mérida.
Y para evitar posibles casos de pillería
el área de Medio Ambiente ya ha previsto dotar al inspector de los
mecanismos necesarios para evitar que una vez que se realice el
registro a los bares los propietarios puedan alzar el volumen de los
aparatos de música. De ahí que avanzó que, además de facilitar el mapa
del Plan Jericó, está previsto que el responsable del servicio realice
posteriormente una segunda ronda al establecimiento para comprobar que
se atiene al volumen de ruido adscrito al local.
No obstante, el
concejal de Medio Ambiente advirtió de que en realidad muy pocos
establecimientos incumplen hoy por hoy la ordenanza contra la
contaminación acústica. "No sé la razón, pero se piensa que hay muchos
más establecimientos de los que en realdiad existen, que emiten ruido
muy por encima de lo permitido", apuntó el concejal.
De hecho, ya
en el primer mapa de ruidos presentado por el propio Mérida se recogía
que el tráfico era el principal foco emisor de ruidos en la capital,
que tienen en la calle Gran Vía de Colón la arteria más ruidosa.
Por
lo pronto, el Ayuntamiento contará con dos inspectores, que harán la
ronda uno la noche de los viernes y el otro, durante los sábados, y que
supondrán un coste mensual superior a los 1.400 euros cada uno, según
informó Juan Antonio Mérida. La medida, en cambio, ya se ha puesto en
marcha en otras ocasiones, aunque de forma esporádica como experiencia
piloto. Ahora, habrá que ver si los bares dan mucho trabajo a los dos
nuevos inspectores medioambientales.
