E. M.
El Ministerio de
Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, ha
aprobado una resolución por la que las compañías aéreas operadoras
de las aeronaves más ruidosas deberán iniciar una paulatina
renovación de su flota. Asimismo, se prohíbe a este tipo de aviones
operar en periodo nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas.
El número de
operaciones anuales relacionadas con estos aviones en el aeropuerto
de Madrid-Barajas asciende a cerca de 6.000, por lo que su peso
específico en la generación de ruido aeroportuario es significativo
y especialmente relevante en el segmento nocturno, según informó
ayer el Ministerio que dirige Magdalena Alvarez.
Con estas medidas, el Ministerio y AENA, «colocan a Barajas entre
los grandes aeropuertos europeos de mas sensibilidad
medioambiental». Para ello, y siguiendo políticas de la Unión
Europea, se trata el problema del ruido de los aviones desde varios
frentes como la mejora técnica de las aeronaves, la ordenación del
suelo, la mejora de los procedimientos operacionales y las
restricciones operativas. A la resolución ahora aprobada se unen
otras medidas adoptadas recientemente como la prohibición de la
operación nocturna en las plataformas R-5. R-6 y Dique Sur del
aeropuerto de Barajas y se ha restringido la utilización nocturna de
la reserva de motores y de las Unidades Auxiliares de Potencias.
Asimismo, se han establecido preferencias de utilización de
pistas y trayectorias, de acuerdo con los ayuntamientos y la
Comunidad de Madrid, y se ha elevado a nivel de vuelo FL100 (300
metros) la altura mínima para que los pilotos puedan solicitar
cambio sobre la trayectoria nominal.
Con esta medida, el ministerio, a través de AENA, pretende
limitar los perjuicios causados a los vecinos del aeropuerto
madrileño, tras la entrada en funcionamiento de la nueva terminal
T-4 y el consiguiente aumento del territorio afectado por las
operaciones aéreas.
Se han aprobado dos planes de aislamiento acústico;
intervenciones en más de 12.000 viviendas y traslado a otras nuevas,
por un importe de 116 millones de euros. Actualmente se trabaja en
nuevas normas que se sumarán a las actuales y «que supondrán cumplir
los objetivos de las exigencias medioambientales planteadas»,
concluyen.
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